No estamos solos

Los espías ya no son ficticios

Los espías ya no son ficticios en México

RICARDO IBARRA

Hay una noticia que los dueños de la telefonía celular en México ya saben y que no nos están diciendo: Todos los que utilizamos algún teléfono móvil debemos registrarlo con la compañía que nos proporciona el servicio, llámese Iusacell, Movistar o Telcel, antes del 13 de mayo de 2010.

¿Para qué? Dice el gobierno federal, encabezado por el presidente Felipe Calderón, que es por nuestra seguridad -hoy en día las tácticas del miedo se han vuelto tan usuales-, por lo que a principios de abril de este año, la Cámara de Diputados aprobó el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, para combatir los delitos de extorsión, amenazas, secuestro y de la delincuencia organizada.

Pero hay otras razones: Al registrar nuestro móvil, con nuestro CURP o número de credencial del IFE, además de proporcionarle al gobierno y otras empresas nacionales y extranjeras, incluso bancos, nuestro domicilio y capacidad económica, con la nueva Ley de la Policía Federal, aprobada también por la Cámara de Diputados, curiosamente, el pasado 30 de abril, día en que los medios reproducían el pánico social con el tema de la influenza,  podremos ser rastreados por vía satelital. Claro, siempre y cuando a la súper organización policiaca que esta por formarse, le parezcamos sospechosos de cometer algún delito. Con esta nueva Ley de la Policía Federal, el gobierno con matices fascistas de Calderón podrá, además, escuchar o grabar llamadas telefónicas e intervenir comunicaciones vía internet, es decir, investigar sitios web o correos electrónicos. Y esto, aquí y en cualquier otro país, se llama espionaje.

¿A quién pretende investigar realmente el gobierno federal? Puede ser al narco, a secuestradores o cualquier mafia organizada. Pero también será una herramienta para vigilar a grupos “terroristas” o individuos “rebeldes” que demuestren públicamente su inconformidad con las acciones y decisiones del sistema político mexicano. La violación de la intimidad, en aras de la prevención del delito, sería una violación a nuestras garantías civiles y ciudadanas (que en teoría nos brinda la Constitución), un ejercicio antidemocrático que pretende instaurar una dictadura de la explotación y del control desmesurado.

La gran justificación del gobierno federal para imponer ambas medidas, tanto la del registro telefónico, como la del espionaje, son la llamada prevención del delito. Es aquí donde no comprendo el razonamiento de las autoridades mexicanas: La mejor estrategia para prevenir el delito, en cualquier comunidad humana, es mediante la garantía de sus derechos individuales, como la salud, la educación, el alimento, el techo, el esparcimiento; cuestiones elementales para una sociedad que pretende vivir en armonía.

Supongo que las autoridades mexicanas son incapaces de brindarnos al pueblo, lo que ellos sí gozan hasta el nivel de la opulencia y la desvergüenza.

Seamos sinceros. Todos lo sabemos: La Policía Federal necesita urgentes ajustes. Subsiste una severa falta de control de sus propios elementos e integrantes. La pregunta es: ¿A quién le será útil la información que recaben los espías policiacos?

Si estas leyes no se ajustan a un estricto sistema de control, se covertirán en un instrumento útil para funcionarios corruptos, y seguramente, en un daño para la vida pública, civil, democrática y organizada de la sociedad.

Por cierto, quien no registre su teléfono celular antes de mayo de 2010, no tendrá acceso al servicio telefónico móvil: Es una orden federal.

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