Muerte de una crónica anunciada

Calacas en 3-D. Foto Ricardo Ibarra

 

Cancelación del premio Fernando Benítez en FIL 2012, como sentencia mortal al periodismo mexicano

Los Estados son cada vez más cínicos y evidentes en sus formas de mantener el opresivo control de la sociedad por medio de políticas económico-terroristas.

Pero para exhibirlo, somos necesarios los periodistas. Esos que practicamos un oficio, que en México, parece quieren desaparecer.

Noticias como los casi 100 periodistas entre asesinados y desaparecidos durante los diez últimos años en México o la cancelación este 2012 del Premio Nacional de Periodismo Cultural “Fernando Benítez”, organizado por la Feria Internacional del Libro y la Universidad de Guadalajara, restan la esperanza a quienes intentamos investigar a los funcionarios públicos e informar a las comunidades.

El reportero mexicano, además de coexistir entre instituciones corruptas y la impunidad judicial, laboran en compañías informativas que lejos de brindar garantías y protección, ni siquiera cumplen con las obligaciones marcadas por la ley, en cuanto a prestaciones y seguridad social.

En más de diez años de ejercer este oficio, he visto cómo algunos colegas necesitan hasta tres o cuatro empleos para sacar sus hogares adelante, invirtiendo más de 12 horas de trabajo al día. Muchos de ellos deciden abandonar el oficio para integrar organismos de gobierno.

Hay un plan oculto para convertir a los periodistas en simples voceros de los que retienen el poder. De hecho, hay varias organizaciones que se nombran periodísticas, pero que sirven a las necesidades de grupos políticos. En Guadalajara: Milenio y El Informador son los más evidentes.

La Dirección General de Medios, de la UdeG –con Rogelio Campos al frente–, mantiene una “Lista Negra” con los nombres de reporteros que no están afiliados a los intereses políticos del régimen Padillista. E incluso, puedo confirmar –por experiencia personal– que elimina a aquellos periodistas más críticos e incómodos.

Un colega de La Gaceta, Cristian Zermeño, solía decir que la labor del reportero es “narrar desde la catástrofe”. Ahora lo que parece es que el periodista no sólo intenta contar la descomposición de los gobiernos, la sociedad y su medio ambiente, sino que, como una biografía, comienza a redactar la crónica de un oficio que lucha por mantener la dignidad en medio del caos y la pobreza humana.

Desde mi perspectiva, que la FIL y la UdeG cancelen este año el premio Fernando Benítez –con el que me distinguieron en la categoría de radio en 2006– , obedece a una estrategia que seguramente veremos en la administración de Enrique Peña Nieto: cortar a las voces más críticas de la sociedad, incluyendo en el mismo paquete a periodistas, activistas, defensores de los derechos humanos, líderes campesinos e indígenas.

Justo este 8 de octubre el organismo estadounidense Freedom House presentó el reporte “Libertad en la Red 2012”, donde señala a México como país “parcialmente libre”. Sanja Kelly, quien dirigió la presentación del informe, dijo a Reforma que “la disminución de la libertad en internet en México ocurre en el contexto de la violencia y el crimen organizado, lo que ha afectado directamente la libertad de expresión”. Mientras que el presidente de dicha ONG, David J. Kramer, afirmó que el país “ya llegó a niveles de preocupación, no hay duda. Calificar a México como un país no libre es un esfuerzo para sonar las alarmas y decir que aquí está pasando algo muy grave”.

Por razones como éstas, me sorprendió la justificación de Nubia Macías –directora de la FIL que alguna vez ejerció el periodismo–, para no convocar a la participación de los periodistas mexicanos en el Benítez, porque: “Casi nadie se involucraba o participaba; la presencia era muy baja y de muy baja calidad”. Esto, como si debajo de la sangre derramada durante el sexenio de Felipe Calderón no hubiera grandes hazañas socioculturales en las comunidades de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Baja California, Yucatán, Veracruz, Puebla, Hidalgo, Morelos, Distrito Federal o el resto del territorio nacional.

En lo que sí coincido es que, como dijo Macías: “Se ha convertido a los periodistas en maquiladores de 85 formatos y la gente, o trabaja y gana su salario, o se dedica a hacer cosas de calidad”. Aún así, no encuentro justificación para demeritar el trabajo de los periodistas que, a pesar de todo, se mantienen en las salas de redacción con sus nombres y obras como únicas pruebas de valor.

Ahora es cuando una organización que se precia de tener fundamentos humanistas, como la UdeG –y su producto: FIL– debieran apoyar a quienes luchan por mantener el oficio periodístico y por dar voz a la sociedad mexicana. De lo contrario, quedará claro que brincan junto con los opresores del pueblo.

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