Niños migrantes que no llegan con sus madres

Niño en una protesta frente al edificio del ICE en San Francisco. Foto: Ricardo Ibarra

Niño en una protesta frente al edificio del ICE en San Francisco. Foto: Ricardo Ibarra

SAN FRANCISCO.— Ella grita. Repite a coro los cánticos que alguien más vocifera a través del megáfono, sean en español o en inglés. Afuera del fortín del ICE, sobre la calle de Sansome, una multitud, principalmente de mujeres, se ha reunido para demandar a las autoridades de inmigración y al DHS (Departamento de Seguridad Nacional) que dejen libres a los miles de niños que han sido retenidos en cárceles o albergues de la frontera sur de Estados Unidos.

Ahí está Mariana Aguilar. Indocumentada. Madre de tres varones. La situación que viven miles de niños encarcelados al cruzar sin papeles a Estados Unidos la ha sensibilizado para contar su semblanza, la historia de 13 largos años sin ver ni abrazar a dos de sus hijos.

“Allá en nuestros países, no se puede vivir”, comienza por decir. “No dejan trabajar a las personas, les roban, están matando a muchas personas los Maras. No hay trabajo, porque no dejan trabajar a las familias y se vienen para acá a este país”.

Harto del hambre y la violencia, su hijo mayor, de 27 años, a quien tuvo que dejar atrás cuando éste contaba apenas 14 años, emprendió el viaje desde Honduras hasta las murallas erigidas al sur de la nación gobernada por Barack Obama. Pero no ha llegado. Sigue errante en el limbo mexicano. “Anda huyendo de los Zetas”, cuenta su madre, ahí al pie del edificio del ICE (Immigration and Customs Enforcement) en San Francisco. “A mi hijo lo andaban persiguiendo porque lo querían matar. Está escondido en México. Es una situación difícil para mí porque [los Zetas, el grupo de narcotraficantes] lo querían obligar a hacer cosas que no quería, que pase droga, y no quiere eso”.

Otro de sus hijos, el de 25 años, sigue en Honduras. Cuida de la abuela. Sin empleo. Cuando compró una motocicleta para transportarse a sus citas de trabajo, cinco hombres lo rodearon y a punta del AK-47 le obligaron a rendir el vehículo. “Siempre le he dicho que la vida es más importante que cualquier cosa”, dice la angustiada madre, Mariana Aguilar. La comunicación con el muchacho tampoco ha sido fácil: cuando adquirió un teléfono móvil otro grupo de sujetos, con “cuchillos y pistolas”, le despojaron de ese vínculo inalámbrico con el exterior.

Mariana Aguilar, delgada, con cincuenta y tantos años de edad, sintetiza así “la situación” en su país de origen: “Hay pandilleros [Maras] que cobran a la gente por vender y la ciudad cobra impuestos. Se paga la mensualidad que se tiene que dar a los pandilleros y al gobierno se pagan los impuestos, entonces, ¿qué viene ganando la gente? A veces no gana ni para comer. Por esas situación se decide venir la gente a este país”.

Escucha la historia de Mariana Aguilar, en su propia voz:

Un camino de sobrevivencia

A pesar de la poca claridad que hay de una eventual reforma migratoria en Estados Unidos, Guillermina Castellanos, de la Colectiva de Mujeres, confía en que ese cambio legislativo llegará para reparar la condición civil de millones de inmigrantes.

“Un luchador de la comunidad nunca pierde la esperanza y la fe, y yo, como trabajadora de la comunidad, voy a continuar luchando incansablemente hasta encontrar un cambio en la justicia social de una reforma migratoria”, promete.

Guillermina también es madre, y abuela, colabora también con el Day Labor, por lo cual simpatiza con las mujeres que trabajan en los hogares o en los campos, muchas de ellas oriundas de El Salvador, Nicaragua y Honduras, que están a la espera de reencontrarse con sus hijos en San Francisco o cualquier otra ciudad del Área de la Bahía, o incluso ya hicieron esa travesía junto con sus niños.

“Ellas tienen mucho miedo”, cuenta, “porque nos platican todo el sacrificio que pasan los niños al venir a este país. No es como cruzar de México aquí a los Estados Unidos, sino que ellas vienen cruzando con muchos retos, mucha violencia, abuso sexual, robo, golpeados por narcotraficantes. Tienen mucho miedo de que ellas se vayan a encontrar en esta misma situación”.

Ariana Gil Nafarrate, organizadora de actividades en Mujeres Unidas y Activas, alertó que los niños que llegan a la frontera de Estados Unidos desde Centroamérica no lo hacen sólo para buscar una oportunidad en este país “sino para salvar su propia vida”.

El presidente Barack Obama, dijo, “señala al Congreso y el Congreso a Obama, y ellos tienen el poder de dar asilo a estos niños y a los inmigrantes indocumentados aquí en este país”.

Hizo un llamado a la población: “No sólo porque la gente tenga su estatus ya arreglado, y tampoco por ser hispanos o latinos, sino por ser gente inmigrante tenemos que unirnos y apoyar para conseguir las reformas, como podamos”.

La crisis generada por el incremento en las detenciones de menores inmigrantes que viajan solos forzó al gobierno a abrir albergues temporales habilitados en las bases militares del Fuerte Sill, en Oklahoma, la Base Lackland, en San Antonio, Texas, y en la Base Naval de Ventura, California.

Según el DHS, desde octubre de 2013 hasta mayo de 2014, un total de 52,000 menores de edad han sido detenidos en la frontera con México.

Ciudadanos estadounidenses organizados en la Stop Mass Incarceration Network advirtieron que muchos de los niños detenidos en la frontera, señalado por la administración de Obama como una “crisis humanitaria”, están siendo encarcelados y aislados: sin acceso a reporteros o fotógrafos de los medios; además de que al público en general se les niega cualquier contacto con ellos, sin la posibilidad de inspeccionar las condiciones de su confinamiento.

Una carta que distribuyen a los transeúntes ahí en la banqueta de la calle Sansome, advierte: “Estos niños necesitan atmósferas de vida positivas y disfrutables, ¡no encarcelación y deportación masiva”.

Solicitud presidencial

Barack Obama solicitó al Congreso aprobar siete demandas para “resolver” la crisis humanitaria generada por el tumulto de infantes detenidos por la Patrulla Fronteriza, descritas enseguida:

Autoridad adicional para el secretario del Departamento de Seguridad Interna (DHS), de ejercer su discreción en el trámite y repatriación de menores no acompañados que vienen de países no fronterizos con EE.UU. tales como Guatemala, Honduras y El Salvador.

Aumentar las sanciones para quienes trafican migrantes vulnerables, como son los niños.

Acción para asignar fondos suplementarios de emergencia que apoyen una estrategia “agresiva” de disuasión centrada en la expulsión y la repatriación de quienes han cruzado la frontera recientemente.

Un aumento de la seguridad fronteriza sostenido a través del reforzamiento de las leyes de seguridad nacional, incluyendo la prohibición y persecución de las redes criminales.

Un aumento significativo de los jueces de inmigración, reasignando algunos jueces para adjudicarles casos de quienes cruzan la frontera recientemente, y el establecimiento de instalaciones correspondientes para agilizar el procesamiento de casos relacionados con los que cruzaron la frontera en las últimas semanas.

Un esfuerzo intensificado “para trabajar con nuestros socios de Centroamérica para repatriar y reintegrar a los emigrantes repatriados a sus países”, haciendo frente a las causas de origen de la migración, y comunicar la realidad sobre el peligro de estos viajes.

Asignar los recursos necesarios para detener, procesar y darles el cuidado adecuado a los niños y adultos que están cruzando la frontera ilegalmente.

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Ameli en lucha por su amor

Ameli Ramírez cruzó la frontera de Estados Unidos; fue detenida y y luego liberada, pero su esposo sigue en la cárcel. Foto: Ricardo Ibarra

Ameli Ramírez cruzó la frontera de Estados Unidos; fue detenida y y luego liberada, pero su esposo sigue en la cárcel. Foto: Ricardo Ibarra

SAN FRANCISCO.— Juntos tomaron la decisión: salir de Guatemala antes de que las amenazas de muerte fueran efectivas.

Ricardo recibía misteriosas llamadas telefónicas: “Te vamos a matar”, eran los insistentes mensajes. Ameli no quería tener un marido desaparecido o muerto. Tampoco quería que su hija Meli creciera sin padre. En febrero de 2014 salieron de aquel país centroamericano con el plan de recorrer las tierras mexicanas hasta alcanzar ‘the land of the free’, en el lado de Estados Unidos. Lo cual lograron. Caminaron durante cuatro días y cinco noches por el paisaje desértico de Texas. La patrulla fronteriza los detuvo en seco antes de alcanzar Houston, los esposaron y echaron en las celdas frías de alguna cárcel texana el pasado 5 de febrero.

Ese día fue el último que Ameli vió a Ricardo. Han pasado cerca de cinco meses desde entonces. Esta mujer de estatura baja, rasgos característicos de la estirpe maya y mirada endurecida, cuenta su historia en la cocina de un departamento sin muebles o utensilios visibles, en San Francisco, como si estuviera lista para zarpar en cualquier momento a cualquier lugar.

El 3 de enero Ameli Ramírez y Ricardo Martínez sufrieron un atentado, que ella adjudica al Estado de Guatemala, pues interpusieron una demanda por daños y prejuicios por el encarcelamiento injustificado de tres meses de su marido. Y el 13 de enero ya habían empacado y estaban en camino al norte. “Decidimos arriesgar nuestra vida para venir buscando protección”, contó Ameli.

Los ‘coyotes’ que los ayudaron a cruzar la frontera violaron a una niña, hecho del cual fueron testigos, refirió Ameli. “Yo daba gracias a Dios que inmigración nos agarró. Pensamos que nos iban a tratar mejor, pero fue igual. Nos metieron en las ‘hieleras’, que le llaman, y pues es bastante frío. No se distingue el día de la noche. Todo el día se está encerrado. No sabe uno ni qué fecha es ni qué hora es y la comida que le dan a uno es bastante desagradable y nada de beber”.

La separación de la pareja ocurrió porque a Ricardo, agentes de ICE (Immigration and Customs Enforcement) lo tomaron como testigo de la violación a la pequeña por parte de los contrabandistas. “Yo creo que porque habla inglés, lo agarraron de testigo. A él se lo llevaron para un lado y a mí para otro y ya no supe nada de él”, dijo Ameli.

Después de la separación, Ameli estuvo en seis ‘hieleras’, en una de ellas hasta por 10 días. Luego la pasaron a un asilo para mujeres, donde “ya tenía cobijas y comida un poquito agradable tres veces al día, y ya nos podíamos bañar”.

Hasta los 20 días de estar detenida tuvo su primera entrevista formal con agentes de inmigración, y tras otros 20 días “decidieron dejarme aquí. Gracias a que creyeron mi caso estoy aquí”.

La lucha para reencontrarse con Ricardo le ha costado a Ameli ya miles de dólares, constantes pláticas con abogados y acciones públicas en frente del edificio de ICE en San Francisco. “Él me falta como persona, como esposo y como padre de mi hija. Él es el sostén de mi hogar, es el que trabaja y lo necesitamos, sentimentalmente y económicamente. Nunca nos habíamos separado. En 10 años que llevamos de vivir juntos nunca nos habíamos separado tanto tiempo”.

Meli, la hija de ambos, de ocho años, también ha expresado la ausencia de su papá, pero con dibujos, donde a él lo delinea con los labios encorvados, tristes, y con lágrimas en los ojos.

Así como la familia de Ameli, hay en Estados Unidos 11 millones de indocumentados que pueden ser detenidos y luego deportados, mediante programas como Comunidades Seguras —que en San Francisco ha sido descontinuado—, y que llegan a separar a las familias.

En tanto, las posibilidades de una reforma migratoria en Estados Unidos parecen cada vez más lejana. Apenas la semana pasada, líderes del Congreso advirtieron que quedan 16 días legislativos para el receso de mitad de año.

Escucha la historia de Ameli en su propia voz: